Leo a través de diversos medios que la presidenta de la Comunidad de Madrid propone una Ley de Autoridad del Profesor. No puedo evitar que me provoque sensaciones enfrentadas.
Por un lado agradezco la idea de que desde la Administración, sea cual sea el nivel, se busque reconocer de forma clara y expresa la figura del docente y se busque protegerlo de esas agresiones que lamentablemente ya hemos tenido la desgracia de observar o conocer. Lo de que se le otorgue la categoría de autoridad pública, pues hombre, halagador es y se siente uno como más seguro (Si esto se extiende a otras comunidades...¿tendremos que llevar placa? jejeje), pero vamos, igual no hacía falta llegar a tanto.
Pero claro, cuando veo que la sra. presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido esta idea al ver los disturbios de Pozuelo de Alarcón y leo que pese a que la pena impuesta por la justicia a un grupo de jóvenes causantes de destrozos y lesiones a agentes de la ley, no pasa de ser un castigo de los que me hubiera puesto mi propio padre por suspender (tres meses sin salir por la noche el fin de semana) y encima los padres de los chavales en cuestión no aceptan el castigo impuesto a sus hijos... pufff. Me empieza a bailar la cabeza. Igual lo que hace falta no es darnos a los profes rango de autoridad pública (que ojo, no seré yo el que se queje) sino empezar a meter en vereda a algunos padres antes que a los niños. Y claro, si los padres de los alumnos son incapaces de mostrarse respetuosos... ¿cómo lo va a ser sus retoños?
Recogido del blog Un Docente Decente
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