El colegio privado Santa Illa School, de Chamartín, ha sufrido el embargo de todo su mobiliario.
Parece que los propietarios del centro pensaron que el origen del conflicto, la deuda de 990.000 euros que sus propietarios acumulaban, no sería suficiente para que nadie se atreviese a entrar en el edificio para empezar a aclarar cuentas de manera absolutamente legal.
El juez y la funcionaria judicial que han dado luz verde al embargo parece que consideraron que debía de darse por concluido el largo periodo de tiempo en el que la deuda ha ido creciendo. Lo curioso es que la mayoría de la prensa se ha quedado con la parte sensiblera y "dramática" del problema. "Se han llevado hasta las tizas" era el título de algunos diarios que comentaban la noticia.
No he leído en ningún sitio la más mínima crítica a una dirección de empresa que llevaba años acumulando deudas e intentando aparentar absoluta normalidad como entidad empresarial. ¿O acaso se creían que los embargos se realizaban solo a los pobres que no podían pagar los prestamos hipotecarios, ese tipo de gente que, "casualmente", no eran clientes de su centro?
No he leído en ningún sitio la más mínima crítica a una dirección de empresa que llevaba años acumulando deudas e intentando aparentar absoluta normalidad como entidad empresarial. ¿O acaso se creían que los embargos se realizaban solo a los pobres que no podían pagar los prestamos hipotecarios, ese tipo de gente que, "casualmente", no eran clientes de su centro?
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