Hace ya unas semanas EL PAIS, en su editorial, comentaba el uso del velo en la escuela y afirmaba que rechazar en los colegios públicos a las alumnas con hiyab supondría dictar una prohibición que, según se exige en un Estado de derecho, no tiene apoyo en una ley.
Decía también, que si el uso de un pañuelo en la cabeza representase, en efecto, un símbolo de la discriminación de la mujer, la respuesta de una sociedad democrática sería prohibirlo en cualquier espacio público, no sólo en la escuela.
Y acababa diciendo que en un Estado democrático como el que está vigente en España se establece la aconfesionalidad de las instituciones precisamente para que los ciudadanos puedan optar por la fe que prefieran, o por ninguna. Si la aconfesionalidad se trasladase a la manera de vestir, aunque fuera en determinados lugares como la escuela, el problema jurídico que se abre exigiría discutir una materia distinta y altamente sensible como son los límites de la libertad religiosa.
Por otra parte, hace unos meses, en un programa televisivo y ante una pregunta de una ciudadana musulmana, Duran y Lleida distinguía entre uso religioso y uso cultural de la prenda en cuestión. Como símbolo religioso entendía que era perfectamente aceptable y que no tenía nada que objetar. Como símbolo cultural, patiendo de la base de que todas las culturas no tienen el mismo valor, algunas respetan los DD.HH. y la igualdad hombre y mujer, otras claramente no, hay que pedirles que se integren en nuestra cultura y que de ninguna manera aceptaremos símbolos de discriminación sexista.
Ciertamente el tema es complicado. Yo, personalmente, siempre me he decantado a favor de que los centros puedan, de una manera consensuada entre todas las partes de la comunidad educativa, regular de alguna forma aquello que los miembros de la misma portan de manera pública.
El no hacerlo nos llevará irremisiblemente al enfrentamiento y, en este sentido, creo absolutamente innecesario esperar a que nos pongamos a hablar sobre el tema seriamente y que, mientras tanto, el problema se extienda por falta de criterios acordados conjuntamente entre las instituciones y todas las partes implicadas.
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