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| Foto y texto de : www.eldiario.es |
Parece ser que todo el profesorado del Estado, trabaje en el sistema público o privado, tendrá que certificar que no tienen antecedentes por delitos sexuales para ejercer.
La medida, incluida en una modificación de la ley 26/2015 de infancia y adolescencia, afecta por igual a los docentes en ejercicio como a los de nuevo acceso y ha empezado a ponerse ya en práctica en algunas comunidades autónomas.
De hecho, afecta a todos los profesionales que en su trabajo tengan "contacto habitual" con menores, hecho que incluirá a pediatras, monitores infantiles, etc. Pero de momento el Ministerio de Educación le ha tomado la delantera al resto.
El problema de momento es que no existe tal Registro Central específico de delincuentes sexuales,, pero el Ministerio de Educación comunicó a las comunidades autónomas, responsables del funcionariado docente, que mientras se pone en marcha solicite a los profesores un certificado del Registro Central de Antecedentes Penales.
Y aquí surge un problema. Esta certificación de penales no diferencia qué tipo de delitos refleja y podría vulnerar la ley de protección de datos. ¿El único pero? Cada docente debe pagarse el trámite para obtener el certificado. Cuesta 3,70 euros.
