El Gobierno vasco aprobó la semana pasada el nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado, elaborado por la consejería de Educación para «atajar el maltrato y fomentar la convivencia en los centros escolares».
El documento, presentado ayer en Bilbao ante más de medio millar de docentes, se articula sobre el principio de «tolerancia cero» ante el acoso en las aulas no universitarias y ha sido muy bien acogido por prte de la comunidad educativa, la que se ha enterado, y sobre todo, por parte de los directores, quienes consideran que se pone en valor su función y van a poder recuperar su autoridad perdida para atajar la conflictividad en las aulas.
La normativa introduce un cambio radical en la relación entre alumnos y profesores. En resumen, las autoridades educativas pretenden que los docentes recuperen la autoridad perdida en los últimos años en los centros. El decreto refuerza especialmente la figura del director, que podrá imponer sanciones a los estudiantes que cometan una infracción sin tener que pasar antes por el Consejo Escolar. «Se trata de que los alumnos vean las medidas correctoras como un procedimiento normal ante una acción incorrecta», explicó el consejero de Educación, Tontxu Campos.
Los centros tienen un plazo de seis meses para adecuar sus reglamentos internos al nuevo decreto, en el que «se prioriza la solución de los conflictos de convivencia mediante los mecanismos de conciliación y reparación». La guía para la aplicación de la normativa incluye entre la conductas más graves y novedosas la grabación de imágenes de terceras personas contra su voluntad al entender que atenta contra el derecho al honor, la intimidad y la imagen. El director estará facultado para echar al alumno que acose a un compañero, le grabe con el móvil para ridiculizarlo o que agreda a un docente. Las nuevas medidas disciplinarias se podrán aplicar de manera más rápida y efectiva que las actuales, excesivamente garantistas con los derechos de los estudiantes. Y así nos ha ido.
Pero todo esto que, visto por encima, suena tan bien, no valdrá de mucho si los que no cambian el chip son los padres y las madres para volver a poner en valor la autoridad. La mayoría de las veces, los problemas no los tenemos con los alumnos, sino con los padres y madres que se vuelven en la mayoría de esos casos en abogados de causas injustificables.
(Recogido parcialmente del Blog de José Luis Ruiz)
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